¿UNA
LUZ DE JUSTICIA?
Nuestro
país tiene muchos hechos históricos para recordar combates como el Dos de Mayo
o la batalla de Tarapacá, donde heroicos peruanos ofrendaron su vida para
combatir al enemigo invasor, pero que pasa cuando ese ejemplo de patriotismo
dado por José Gálvez, Francisco Bolognesi o Andrés Avelino Cáceres es
mancillado por actos inhumanos.
Esa
es la historia que asoló el Perú en los años 80, con la salida de Sendero Luminoso a las calles, calificado
en un principio como “abigeos”, pero al final con el avance que tuvieron, los
adeptos que fueron ganando pusieron en jaque a varios gobiernos, imponiendo el
terror a todo aquel que no apoyaba la lucha armada. Por otro lado estaba
nuestra Policía (dividida en tres cuerpos) inexperta en combatir a este tipo
delincuencia.
En
enero del 82, ante la gravedad de la situación, el Presidente Fernando Belaunde
ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar este flagelo, ya
un especialista en la labor del Ejercito Luis Cisneros Vizquerra, explicó que
esto generaría un cambio radical en este combate contra Sendero Luminoso.
Para
dar orden a este nuevo panorama se crearon los comandos políticos militares,
una especie de cogobierno entre las autoridades civiles y los jefes militares,
siendo los primeros aquellos que funcionaron en Ayacucho. Las consecuencias de
esta nueva situación fueron trabajos de
inteligencias sin coordinación donde
casa quien actuaba según su criterio,
pues el poder militar sobrepaso grandemente a la autoridad civil, pues
menospreciaban al alcalde o al gobernador por ser quechua hablante.
Uno
de esos hechos luctuosos ocurrió el 14 de agosto de 1985, cuando una patrulla
militar entró al poblado de Accomarca (uno de esos lugares desconocidos para
los peruanos) en busca de los subversivos que atacaron días antes a un convoy
del Ejército y se sospechaba que los
terroristas se escondían en ese poblado. El contingente estaba a cargo del Sub-Teniente
Telmo Hurtado, que entro rompiendo puertas y golpeando gente, al no hallar
nada, opto por reunir a la población masacrando hombres, mujeres, niños y
ancianos, usando balas, granadas y cuchillos. Hoy los sobrevivientes cuentan
que incluso también se encerró en una casa
a varias personas y se quemo
esta, para luego marcharse como si nada hubiera pasado. Fueron 69 vidas segadas
¿culpables o inocentes? Eso nunca se sabrá pues nunca tuvieron un juicio justo.
La
muerte de estos compatriotas generó en el Congreso la formación de una comisión
investigadora, presidida por un
representante oficialista, Carlos Enrique Melgar, que elaboró un informe en
mayoría sonde se minimizaba el hecho, mientras que otro grupo de congresistas
hizo otra en minoría donde se encontraba culpable a los jefes militares y los oficiales operativos. Al final en el
pleno del Congreso con mayoría aprista se aprobó el dictamen que liberaba a los
militares de culpa alguna.
El
oficial se acogió durante el gobierno de
Alberto Fujimori a la ley de amnistía, pero al ser derogada huyo a Estados
Unidos, donde luego de una larga lucha por parte de los sobrevivientes en junio
de año pasado se le trajo a rendir cuenta de
a la justicia al ahora Mayor Hurtado. Lo revelado estremeció a todos,
pues aceptó la responsabilidad de 31 víctimas, además de acusar a su superior
Nelson Gonzales Fiestas quien dio la orden de eliminar a los pobladores y para
evitar problemas ante la ley le dijo que se haga el loco, además de conocer de
torturas en el cuartel Los Cabitos, un tema hasta ahora misterioso.
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