JUSTICIA PROVISIONAL Y PELIGROSA

Un revuelo se ha generado en torno al chuponeo telefónico al congresista Luis Galarreta, por la orden dada por la fiscalía y el poder judicial, que incluso pone en riesgo la cabeza de José Peláez Bardales (Fiscal de la Nación) y César San Martín ( Presidente del Poder Judicial), por no tener control sobre su personal.

Esta interceptación se produce en el curso de las investigaciones  contra el periodista Rudy Palma del diario Perú.21, por leer los e-mails del Ministro  José Luis Silva Martinot, pero lo más grave es que guiados por la información obtenida del celular del comunicador, se chuponeo a todo aquel que aparecía en la lista  de llamadas. A pesar que Palma Moreno aceptó su responsabilidad, la justicia paso su caso a la fiscalía del crimen organizado y en un mensaje de twitter expreso: “Se sigue investigando   y pronto se conocerá a otros procesados”. ¿Qué hay detrás de esta acción judicial?

Se conoce a que a fines de abril el Fiscal William Montes y la jueza encargada del caso, habían  expedido una orden para levantar el secreto de comunicaciones de Rudy Palma, procediéndose inmediatamente a escuchar las llamadas generadas desde los números anotados en el celular del periodista; el caso desde el inicio tuvo irregularidades como el internamiento del procesado en Castro Castro, Lurigancho y finalmente Piedras Gordas II, al parecer este tipo de fallas, acarreó los desaciertos como chuponear al congresista de la Alianza para el Gran Cambio.

CONTROVERTIDO FISCAL MONTES

El parlamentario contó que los primeros días de mayo, el Fiscal Montes estuvo por el Congreso y le comunicó que era una posible víctima de Rudy Palma, pues su número estaba anotado en el celular incautado, pero anteriormente conversó con el Presidente del Congreso, Daniel Abugattas para autorizar la escucha de las llamadas de  Galarreta.

Estas interceptaciones telefónicas nos lleva a otro tema, como, donde quedaron los equipos de escucha de usados durante el tiempo del gobierno fujimorista, nunca se les ubicó, pues se asume que fueron repartidos en varias órganos de gobierno como la Dirandro (Dirección Antidrogas) o quizá vendidos a empresas como Busness Track, implicados en el proceso petroaudios; en caso de ser así esos equipos deberían servir para ubicar a los terroristas que se movilizan en el VRAE, al lugar de espiar a supuestos enemigos del gobierno.

Para aclarar el tema, los doctores San Martín y Peláez Bardales, se presentaron ante una comisión del congreso, pero luego de varias horas, nada quedo claro, pues ambos funcionarios contradecían sus respuestas sobre si realmente tenían un  real conocimiento del caso, reiterando el consabido argumento que cada juez y fiscal tienen independencia para ejercer sus resoluciones.

CONGRESISTA GALARRETA, VICTIMA DEL CHUPONEO

Es importante recordar que las resoluciones de muchos jueces y fiscales  siembran dudas, tal como ocurrió hace tiempo atrás  con un estudiante universitario, que uso su arma de fuego en defensa propia, el joven fue recluido en prisión por supuesto peligro de fuga, mientras que por otro lado otros jueces deciden darle libertad a delincuentes rankeados, violadores, estafadores  o choferes de combis con muchas papeletas de tránsito, los cuales son capturados luego de una gran trabajo policial.

Las actitudes de estos jueces provisionales a lo mucho traen como consecuencia la separación de la carrera magisterial, sin poder los titulares del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación justificar estos fallos, es por eso al ser preguntada la ciudadanía sobre los órganos  estatales mas ineficientes el sector justicia se lleva el premio, porque no imparte una verdadera y real justicia, sino beneficia al poderoso caballero “Don Dinero”.

El tema siempre será que las reformas judiciales nunca rendirán frutos  por la improvisación, pues todo indica que los jueces y fiscales en el Perú, en su mayoría aprueban con el mínimo sus cursos universitarios, existiendo una falta de ética  para resolver cada caso; pues la ciudadanía exige resultados por que las cárceles están llenas en su mayoría de  procesados que ven que su expediente avanza a paso de tortuga, mientras otros terminan en tiempo record por las influencias o el dinero.