domingo, 1 de julio de 2012


EL VASO DE LOS “VIVOS”

La ayuda del estado a los más pobres se canaliza de diferentes maneras, una de ella es el Programa del Vaso de Leche (PVL), instaurado en la gestión del doctor Alfonso Barrantes Lingan en la Municipalidad de Lima, este beneficiaba sobre todo a los niños de 0 a 6 años, madres gestantes y personas de la tercera edad, pues la cantidad de  habitantes por asentamientos humanos eran numerosos.

Si bien esta idea nació con la idea de ayudar al más necesitado, el alcalde se olvido de la viveza popular, para evitar que este se vea afectado por personas que no requerían del vaso de leche, pues lo que fue en principio bueno, se convirtió en una forma de vivir de muchos astutos que bajo la fachada de pobreza se inscribían, con el tiempo creció los necesitados, que el estado tuvo que destinar más presupuesto para cubrir el programa.

Con los cambios en la administración, el reparto hecho por el municipio metropolitano a través de los comités del vaso de leche en cada jurisdicción, se descentralizó dando autonomía a los 42 distritos para que ellos mismos vean las necesidades y recursos, trabajando un padrón único donde figuraba los beneficiarios, además el material a usar (leche y afines) deberían cumplir con las calorías requeridas según las normas internacionales.
NIÑOS ESPERANDO SU VASO DE LECHE

El PVL, se convirtió en una arma político, pues candidato que quería ganar alguna elección se confabulaba con las dirigentes obligando a las afiliadas  a los diversos comités a votar por el candidato que se negoció, también si quería llenar una plaza pública se tranzaba con las presidentes de los comités, llevando a las madres al lugar y aquellas que no iban sufrían el recorte de su ración.

A todo esto se le agrega la eterna dirigencia, pues la democracia no funcionaba al interior de estos grupos, enriqueciéndose muchas de las dirigentes, pues se denunciaba venta del producto consignado por el estado, mientras otras montaban su propio negocio, irregularidades demostradas públicamente por decomisos en diversos mercados de Lima.

Ante tantos problemas y deficiencias entró a tallar la Contraloría General de la República, para fiscalizar el correcto uso de los fondos del PVL, pues cuando se decía que los  fondos se recortaría ante las irregularidades se organizaban marchas exigiendo incluso un aumento pues muchos de los beneficiarios no recibían el producto, porque los enriquecimientos comenzaban desde la elección del proveedor hasta la lista de niños que tomaban la leche.

Es de público conocimiento varios informes televisivos, donde se ve que personas que viven en zonas residenciales llevando su leche del programa municipal o dirigentes con casas de tres pisos  y autos, mientras un gran sector de los asentamientos humanos de San Juan de Lurigancho (el distrito más grande de Lima) no pueden acceder.

En las últimas auditorias le Contraloría ha encontrado una infracción grave en diversos municipios, pues el 2010 se indica que se gastó 100 mil soles en compra de leche en polvo importado, cuando la ley 27712, ordena que las raciones del vaso de leche, deben estar compuesta por 100% de producto nacional en cualquiera de sus formas, el costo de la leche importada es de s/. 18.80, tres veces más  que le producto nacional. También pudo encontrar ciertas preferencias a la hora de elegir a los proveedores, impidiendo tener la mejor oferta y despilfarrando los recursos financieros.
EL REPARTO DE LECHE QUE NO LLEGA A TODOS

En cuanto a las calorías requeridas por ración de una muestra de 1,513 tomadas, solo 263 cumplían con el requisito, pues se usa un  lácteo modificado con hojuelas como sucede en San Juan de Miraflores, donde la gestión anterior municipal anterior usaba este producto, es decir el objetivo de una  real nutrición no se cumple.
En opinión de los especialistas, al no existir una cabeza que responda por las acciones del programa, es difícil de fiscalizar, también al no actualizarse los padrón es periódicamente, generándose un 46% de filtraciones de beneficiarios, en general hay un gran forado  por falta del control, lo cual debe llevar al gobierno a través del Ministerio de Inclusión Social para replantear dicho programa.

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