CAMPO
MINADO
Cuando
un país sufre un conflicto interno, la presencia de los desactivadores de
bombas es fundamental para evitar que una explosión cause víctimas, algo
parecido vive actualmente el Perú, pues el gobierno de Ollanta Humala, está
caminando sobre una zona minada, donde cada mina es un conflicto social y el
Presidente tiene que andas con un desactivador el lado para evitar una
explosión que mutile su régimen.
El
caso de Conga en Cajamarca y Xtrata-Tintaya en el Cusco solo son la punta del
iceberg de 245 que amenazan la estabilidad del gobierno, pues es conocida la
cerrada posición de Gregorio Santos con su “Conga es inviable”, frente a “Conga
va” por parte del gobierno; sin embargo el Presidente busca conectarse con las
regiones reuniéndose con los representantes máximos de esas zonas para controlar la tranquilidad
del país.
Esta
información elaborada por la Defensoría del Pueblo, distingue el mayor
porcentaje son mineros y se dan en
Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Tacna y Moquegua, agregándose el apoyo de las
mismas autoridades municipales y regionales, los especialistas en el tema
opinan que cada nivel de gobierno tiene sus propias competencias y
responsabilidades pues no todo tiene que ser hecho por el Poder Ejecutivo, pues
sin diálogo constante no hay solución a los reclamos.
Nuestro
país, emporio minero por naturaleza actualmente presenta 48 grandes proyectos
en esta área, representando 53 mil millones de dólares (que en impuesto
representa varios millones de soles), que de no ejecutarse perjudicaría en gran
parte a las mismas regiones, pues no
habría canon minero para mas obras, en muchos casos en más del 50%, el gobierno
recién interviene en un conflicto cuando se producen muertos y heridos como Espinar, además está
demostrado que si se demora en la reacción las posiciones radicales se
fortalecen , como en Cajamarca, pues
primero existía una posible negociación,
pero ahora a pesar de haber aceptado la
empresa las exigencias del gobierno, Cajamarca no quiere Conga.
Otra
cifra de la Defensoría del Pueblo, indica que en 71 de las divergencias ya se
inició el diálogo, porque para cada Conga o Espinar, representa movilizar
varios ministros, personal policial y fiscales para evitar desmanes, además de
desbocados líderes de frente fe defensa, que presionando a los Presidentes Regionales,
a fuerza de amenaza les hacen emitir resoluciones inconstitucionales o en otras
casos se solicita la vacancia de la mandatario como lo hizo Gregorio Santos con
Ollanta Humala.
Al
respecto Beatriz Merino, ex defensora del pueblo, ha sido clara que de seguir
con esta táctica de abandono por parte del ejecutivo, en menos de seis meses se
abrirán otros frentes críticos para el gobierno, agregando que una forma de
solucionarlo es hacer sentir el
liderazgo y presencia del Presidente de la República, para convencer al pueblo
de la importancia de crecer, es decir, ir a conversar directamente sin miedo
con los protagonistas; sin embargo la ex representante estatal apoya una
sanción severa para aquellos funcionarios elegidos democráticamente que usen los
conflictos ambientales políticamente,
El
diálogo que pretendió llevar al Presidente del Consejo de Ministros en el caso
de Caso de Cajamarca, ha generado un descredito del ejecutivo por
“supuestamente” querer imponer un documento, por lo que en opinión de Gisella
Huamani, de la Defensoría de Pueblo, se debería buscar a terceras personas para
la mediación proponiendo como opción al Padre Gastón Garatea.
El tema de la licencia
social, se complementa con la aplicación de la consulta popular a los pueblos
nativos, por eso de los 245 conflictos, el 80% son socio ambientales por lo que
Merino Lucero, indica que el Ministerio del Ambiente debe tener una
mayor participación, pues de no tomar el toro por las astas, la corriente anti
minera puede imponer modelos autoritarios y expulsar cualquier intento de
inversión en el país.
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