VOCES
DEL MÁS ALLA
Los
muertos que nos dejó la lucha contra Sendero Luminoso aun en gran mayoría no
pueden descansar en paz por muchas razones, en primer lugar la desidia
gubernamental y el cariz político con lo que se toma el informe de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación (CVR), donde se refleja la forma muchas veces
inhumanas en al actuaron las fuerzas del
orden y los terroristas.
Según
este documento se estima que desaparecieron entre 13 mil y 15 mil personas, al
inició se conoció cuatro mil 414 casos de desaparecidos, atribuidos a agentes
estatales, a esto se agrega 8,500 más afectados por informes de la Defensoría
del Pueblo y posteriormente unos tres mil más por datos de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, muchos de las víctimas se produjeron en zonas de
emergencia como Ayacucho y sierra sur, que mantuvo en jaque al país durante 20
años.
En
el informe de la CVR se propone un Plan Nacional de Investigaciones
Antropológica-Forense, pero la falta de consenso sobre cifras hace que este no
se ejecute por parte del gobierno, recordando que ya vamos tres periodos
presidenciales, ni siquiera la sugerencia del Equipo Peruano de Antropología
Forense (EPAF) de implementar una Oficina de Persona Desaparecidas se ha tomado
en cuenta.
De
los 15 mil desaparecidos, solo un 6% de las víctimas han sido plenamente
identificados, incluso ni la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990
tuvo tantos desparecidos, porque la comisión investigadora que se formo al
respecto durante la gestión de Patricio Alwyn, reportó dos mil 279 muertos o
detenidos –desaparecidos, además en este tema solo nos supera Guatemala con
aproximadamente con 45 mil víctimas.
Al
desaparecer o ser secuestrado una persona, las consecuencias psicológicas son
devastadores, pues en primer lugar existe la confianza de encontrar al familiar
en alguna dependencia policial o militar, pero al no tener resultado, se
empieza con una busca agotadora donde se trata de recordar cualquier detalle y
la desesperación se siembra en los afectados; para la representante del Comité Internacional de Cruz Roja, más
que una reparación civil la familia desea encontrar el cuerpo para darle
cristiana sepultura, este drama lo viven muchas familias ayacuchanas.
La
ausencia forzada de muchas personas, sobre todo en nuestra sierra y selva, se
encuentra en el ámbito de Convenio Internacional de la Naciones Unidas para la
Persona Protección de la Persona contra las Desapariciones Forzadas, del
cual es suscriptor el gobierno peruano,
aun no lo ratifica, a esto le agregamos
que este delito no prescribe, por eso muchos dictadores han sido procesados por
el Tribunal Penal Internacional, acusados de genocidio y aquí en el Perú
Abimael Guzmán y Alberto Fujimori también están recluidos por ese delito.
El
informe de la CVR, sobre las víctimas de 20 años de lucha contra Sendero Luminoso
y el MRTA, cumplió este mes nueve años de su presentación, sin embargo lo único
realizado hasta el momento, son tímidos intentos de cumplir las sugerencias,
controvertido en sus raíces, puesto que a los comisionados se les acuso de
tener un filiación izquierdista, por lo que se buscaría desprestigiar a las
fuerzas de orden, otros lo toman más reflexivamente. Quizá el punto más
importante relacionado con el asunto es
el Lugar de la memoria, donde estarían todos los nombre de víctimas, sean policías,
militares o civiles, para algunos es bueno para otros es negativo.
Lo
importante es que si se busca terminar con la diferencias y unir al Perú en una
verdadera inclusión social, se debe tomar en serio este documento e implementar
un plan de trabajo donde se sancione al
infractor, pues miles hermanos del ande y de la selva claman justicia para su
familiar desparecido, los 15 mil peruanos, no pueden seguir siendo solo voces
del mas allá.
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